El mandato de crecimiento del Banco de Indonesia pone a prueba su independencia
· Asia
El nuevo mandato del Banco de Indonesia, que le exige fomentar el crecimiento económico, genera un conflicto de intereses entre la estabilidad monetaria y los objetivos políticos del Gobierno.
Destry Damayanti juró su cargo como gobernadora del Bank Indonesia (BI) en septiembre de 2026, tras la repentina dimisión de Perry Warjiyo en julio. Es la primera gobernadora nombrada desde que una enmienda de 2026 a la legislación del sector financiero ampliara el mandato del BI para incluir el fomento del crecimiento del sector real y del empleo. Con el Gobierno persiguiendo un objetivo de crecimiento del 8 por ciento, la duda es si el BI seguirá ejerciendo su autoridad monetaria de forma independiente.
A menudo se exige a un banco central que tome medidas cautelares para evitar excesos inflacionistas, incluso cuando dichas acciones son impopulares o conllevan costes económicos a corto plazo. William McChesney Martin Jr., el presidente de la Reserva Federal de EE. UU. que más tiempo ha ocupado el cargo, comparó en un discurso de 1955 su papel con el de «el acompañante que ha ordenado retirar la ponchera justo cuando la fiesta empezaba a animarse».
Ese papel podría volverse más difícil bajo la ley modificada, que establece esos objetivos de crecimiento y empleo junto a las responsabilidades ya existentes del BI respecto a la estabilidad de la rupia y del sistema financiero y de pagos. Este mandato más amplio puede agudizar las contrapartidas siempre que la estabilidad monetaria entre en conflicto con los objetivos de crecimiento.
Tener múltiples objetivos no debilita necesariamente la independencia del BI, como ilustra la experiencia de varios bancos centrales, incluidos la Reserva Federal de EE. UU., el Banco de la Reserva de Australia, el Banco de Canadá y el Banco de Inglaterra. Sin embargo, para Indonesia, una economía abierta relativamente pequeña que se enfrenta a la incertidumbre mundial, un mandato más amplio presenta desafíos distintos. Unos tipos de interés más bajos pueden apoyar el crecimiento económico a corto plazo, pero también pueden suponer riesgos para la estabilidad monetaria. Si la inflación persistente en EE. UU. mantiene elevados los tipos de interés de la Reserva Federal, bajar los tipos nacionales podría fomentar la fuga de capitales e intensificar la presión sobre la rupia. En tales condiciones, el BI debería conservar la libertad de priorizar la estabilidad monetaria.
Políticamente, el BI no puede estar totalmente desligado del Gobierno; como institución estatal, interactúa con el ejecutivo y el legislativo a través de los nombramientos de sus dirigentes, su marco legal y la coordinación macroeconómica. No establece sus propios objetivos, ya que estos vienen prescritos por ley, sino que depende de la independencia de instrumentos. Lo que debe protegerse es la libertad de un banco central para determinar y emplear sus instrumentos de política, en particular los tipos de interés, sin interferencias políticas ni su uso para financiar déficits gubernamentales.
La transición en el liderazgo destaca la importancia de proteger la independencia del BI, ya que las decisiones de la nueva dirección pondrán a prueba la libertad del BI para elegir sus instrumentos de política en medio del riesgo de presión política. Aunque no hay pruebas suficientes de que la política monetaria del BI esté sujeta a intervención política, dicho riesgo puede surgir bajo un liderazgo populista. Los líderes populistas pueden ver las restricciones institucionales como obstáculos a la voluntad del pueblo y buscar la expansión fiscal para asegurarse el apoyo público, potencialmente a costa de la credibilidad institucional. Esos gobiernos también son más propensos a presionar a los bancos centrales para que bajen los tipos de interés, como ilustraron los repetidos llamamientos públicos del presidente estadounidense Donald Trump para que la Reserva Federal recortara los tipos.
El riesgo de debilitar la independencia de la política monetaria puede ser particularmente relevante para Indonesia. Junto a su ambicioso objetivo de crecimiento, el Gobierno financia programas a gran escala como el Programa de Comidas Nutritivas Gratuitas y las Cooperativas de Pueblos Rojos y Blancos, mientras la capacidad fiscal sigue siendo limitada. En 2025, la recaudación fiscal alcanzó solo el 87,6 por ciento de su objetivo y disminuyó un 0,7 por ciento respecto a 2024. Al mismo tiempo, las normas fiscales limitan el déficit presupuestario al 3 por ciento y la deuda pública al 60 por ciento del PIB.
En estas circunstancias, la presión sobre la política monetaria puede operar a través de dos canales. El BI puede enfrentarse a expectativas de bajar los tipos de interés para estimular el crédito y el crecimiento, reduciendo al mismo tiempo, indirectamente, los costes de endeudamiento del Gobierno. Aunque las compras directas de bonos públicos están estrictamente restringidas, las compras en el mercado secundario podrían suscrar preocupaciones sobre la independencia de la política monetaria si estuvieran motivadas principalmente por el objetivo de reducir la rentabilidad de los bonos públicos.
Si el BI cede a esa presión, los mercados pueden cuestionar su credibilidad, un ancla vital para la confianza de los inversores en un momento en que la gestión fiscal ya está bajo escrutinio. Si el BI no logra salvaguardar la estabilidad de la rupia, los costes recaerían sobre el público: aumento de la inflación, una moneda más débil y una erosión del poder adquisitivo.
La prueba definitiva de la ponchera es si un banco central está dispuesto e institucionalmente capacitado para retirarla justo cuando la fiesta se está animando. Para Destry, esa prueba definirá tanto su legado como la credibilidad de la institución que ahora dirige. Si se necesita una política más restrictiva para defender la rupia, esa decisión debe guiarse por las necesidades de la economía, no por las exigencias de la política, incluso a costa de un crecimiento económico más lento.
La coordinación legítima entre el BI y el Gobierno requiere objetivos transparentes y responsabilidades claras, preservando al mismo tiempo la libertad del BI para elegir sus instrumentos de política. La coordinación corre el riesgo de convertirse en interferencia cuando los objetivos políticos prevalecen sobre el juicio político independiente del BI, una distinción que seguirá siendo importante bajo el mandato ampliado del BI.
Teguh Santoso es profesor adjunto en la Universitas Padjadjaran y candidato a doctorado en el Grupo de Economía Empresarial de la Universidad de Wageningen.
Titik Anas es profesora en la Universitas Padjadjaran y fundadora del Svara Institute.
Original: eastasiaforum.org
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