Países Bajos negocia una limitación radical de la Corte Penal Internacional
· Futuro
Los Países Bajos mantienen conversaciones con Estados Unidos para restringir drásticamente las competencias de la Corte Penal Internacional, lo que supondría, en la práctica, su desmantelamiento.
Países Bajos está negociando con EE. UU. la erosión de las competencias de la Corte Penal Internacional (CPI). Esta erosión es tan drástica que, según expertos jurídicos, equivaldría al desmantelamiento del tribunal. The Rights Forum ha tenido conocimiento de esto a través de fuentes diplomáticas en Nueva York, que han hablado bajo condición de anonimato.
Las restricciones que estarían bajo discusión incluyen: a) otorgar inmunidad a los jefes de Estado; b) excluir la jurisdicción de la Corte sobre nacionales de Estados no parte, incluso cuando cometan crímenes en el territorio de un Estado parte; y c) denegar la jurisdicción de la Corte sobre casos cubiertos por la legislación nacional.
Primera y segunda restricciones
La primera restricción supondría que los jefes de Estado y de Gobierno, como Netanyahu, Trump y Putin, no podrían ser procesados por crímenes cometidos bajo sus órdenes.
La segunda restricción significaría que la CPI ya no podría procesar a nacionales de Estados no parte, incluso si cometen crímenes internacionales en el territorio de un Estado que sea parte del Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la CPI.
Israel, por ejemplo, no es parte del Estatuto de Roma, mientras que Palestina sí lo es. Por consiguiente, bajo las normas actuales, la CPI puede procesar a ciudadanos y funcionarios gubernamentales israelíes por los crímenes que cometan en territorio palestino. Sobre esta base, el tribunal ha emitido órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa, Yoav Gallant.
Sin embargo, si se adoptara la segunda restricción, los nacionales israelíes ya no podrían ser procesados por crímenes cometidos en territorio palestino. Lo mismo se aplicaría a los nacionales estadounidenses o rusos que cometan crímenes en el territorio de otros Estados parte.
Esto socavaría un principio clave de la Corte Penal Internacional: que los nacionales de Estados que no han ratificado el Estatuto de Roma también pueden ser considerados responsables de crímenes internacionales.
Tercera restricción
La tercera restricción significaría que a la CPI ya no se le permitiría conocer de casos si un Estado cuenta con legislación que le permita, en principio, castigar los delitos cometidos bajo su propia jurisdicción. En la actualidad, el tribunal aún puede intervenir si un Estado no tiene voluntad o capacidad para investigar y procesar a los sospechosos (el llamado principio de complementariedad). Si se introdujera la tercera restricción, la mera existencia de legislación nacional podría ser suficiente para impedir el procesamiento por parte de la CPI.
Por ejemplo: Israel tiene legislación contra la tortura. Por tanto, podría argumentar que la CPI no tiene jurisdicción, incluso si, en la práctica, los casos de tortura no son investigados ni procesados. De este modo, Israel podría evitar el procesamiento por parte de la CPI sin tomar medidas contra los perpetradores.
En resumen: si se adoptan las restricciones mencionadas, no quedará nada del tribunal.
Para consagrar estas restricciones legales, habría que modificar el Estatuto de Roma, que estableció la Corte Penal Internacional en 1998 y bajo el cual opera desde 2002. Esto requeriría una mayoría de dos tercios de los Estados parte. La enmienda debe ser ratificada posteriormente por siete octavos de los Estados parte antes de que pueda entrar en vigor. No se sabe qué países cooperarían en este sentido.
Sanciones de EE. UU.
La razón por la que se dice que Países Bajos está negociando sobre este asunto son las sanciones impuestas por EE. UU. contra trece jueces y fiscales, y contra la CPI en su conjunto. Esto se hizo principalmente en represalia por la investigación de la Corte sobre los crímenes israelíes en Palestina y las consiguientes órdenes de detención contra Netanyahu y Gallant. El socavamiento de la Corte Penal Internacional por parte de EE. UU. e Israel lleva ocurriendo casi doce años.
El tribunal figura en la lista de sanciones de EE. UU. desde el 9 de octubre. Sin embargo, una serie de sanciones no entrarán en vigor hasta el 7 de abril de 2027. Estas paralizarían en gran medida la institución, dejando a la Unión Europea prácticamente sin otra opción que activar el mecanismo de bloqueo de largo alcance. Esta ley obliga a las partes europeas a ignorar las sanciones de EE. UU. y a seguir suministrando servicios y bienes al tribunal y a su personal.
La UE, y países de la UE como Países Bajos, son, sin embargo, reticentes a activar el mecanismo debido a las consecuencias que podría tener para las empresas europeas. Por ejemplo, los bancos europeos que ignoren las sanciones de EE. UU. podrían encontrar mucho más difícil hacer negocios en EE. UU., o podrían enfrentarse a sanciones ellos mismos.
Optar por un compromiso
Es por eso que Países Bajos parece estar optando ahora por un compromiso. Al renunciar a ciertos aspectos de la Corte Penal Internacional, se podría persuadir a EE. UU. para que levante o suavice las sanciones contra el tribunal. En la práctica, esto equivaldría a amputar los miembros del tribunal. Lo que quedaría entonces sería un tribunal de tronco sin poder.
Todavía no hemos llegado a ese punto. Los Estados parte del Estatuto de Roma se reunirán en La Haya del 30 de noviembre al 7 de diciembre. La reunión estaba originalmente programada para celebrarse en Nueva York, pero las sanciones de EE. UU. hicieron necesario trasladarla.
Respuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores
The Rights Forum ha solicitado al Ministerio de Asuntos Exteriores una respuesta a estas informaciones, pero este ha proporcionado una declaración general y sin sentido, sin abordar las preguntas específicas formuladas:
«En la anterior Reunión de los Estados Partes (en diciembre de 2025), se decidió por consenso alentar a los Estados parte a mantener un mayor diálogo con los Estados no parte. De cara a la próxima Reunión de los Estados Partes del Estatuto de Roma (30 de noviembre – 7 de diciembre), los Estados parte continúan las discusiones sobre este asunto y estamos explorando el margen para el diálogo con los Estados no parte, en el marco del derecho internacional y con la debida consideración por la independencia y la imparcialidad del tribunal.
No podemos anticipar todavía cómo se desarrollará dicho diálogo, ya que no depende únicamente de nosotros: Países Bajos, junto con los otros 124 Estados parte y nuestros socios europeos, comparte la responsabilidad de proteger el tribunal. Actualmente no hay propuestas concretas ante la Asamblea de los Estados Partes.
En cualquier caso, seguimos firmemente comprometidos con el tribunal y continuaremos haciendo todo lo posible para garantizar que funcione eficazmente: tanto como país anfitrión como Estado parte. Los tribunales y cortes independientes deben poder llevar a cabo sus mandatos sin trabas. En estas capacidades, también seguimos plenamente comprometidos, junto con otros Estados parte, a mitigar el impacto de las sanciones existentes. Es importante que el tribunal pueda funcionar con la mayor libertad posible».
Original: rightsforum.org
Adaptación al español con ayuda de inteligencia artificial. Читати українською