La política comercial sostenible debe resolver su problema de medición
· Asia
Las nuevas exigencias ambientales a las importaciones crean condiciones desiguales para los países sin recursos para un seguimiento detallado de la producción, convirtiéndose de facto en un proteccionismo encubierto.
Los exportadores asiáticos se enfrentan a una presión creciente para demostrar cómo se fabrican sus mercancías. Estas normas son ahora fundamentales para la política comercial. Sin embargo, las diferencias en las respectivas capacidades de los estados exportadores para documentar su desempeño frente a las métricas de sostenibilidad corren el riesgo de imponer restricciones comerciales desiguales a las economías en desarrollo.
El temor a que las políticas de sostenibilidad puedan convertirse en un proteccionismo encubierto no es nuevo. Los objetivos medioambientales estuvieron en el centro de la disputa sobre el «camarón y la tortuga» de la Organización Mundial del Comercio (OMC) a finales de la década de 1990. India, Malasia, Pakistán y Tailandia presentaron conjuntamente una demanda ante la OMC contra Estados Unidos, quejándose de las prohibiciones estadounidenses a la importación de camarones capturados sin el uso de un «dispositivo excluidor de tortugas». Aunque Estados Unidos perdió el caso por otros motivos, la OMC dictaminó que sí estaba permitido restringir una importación basándose en su proceso de producción, en lugar de en el producto en sí.
Las políticas de sostenibilidad existen por buenas razones. Los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera son los más altos de la historia de la humanidad, millones de personas trabajan bajo condiciones de trabajo forzoso y los seres humanos han alterado la mayor parte de la superficie terrestre del mundo. Si bien las políticas de sostenibilidad desempeñan un papel crucial en la mitigación de estos impactos, también rigen cada vez más el acceso a los mercados. Para los exportadores asiáticos, la capacidad de cumplir con estas políticas depende ahora de su aptitud para medir y verificar su desempeño.
Consideremos tres ejemplos de 2026. Desde el 1 de enero, los importadores de la UE en seis sectores, incluido el del acero, han estado sujetos a un precio al carbono por las emisiones integradas en dichos bienes bajo el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM, por sus siglas en inglés). A finales de julio, Estados Unidos impuso aranceles a decenas de países, citando la falta de imposición o de aplicación efectiva de las prohibiciones sobre las importaciones fabricadas con trabajo forzoso. A partir del 30 de diciembre, el Reglamento contra la Deforestación de la UE (EUDR) exigirá a las grandes y medianas empresas demostrar que materias primas como el aceite de palma y el caucho no se produjeron en tierras deforestadas después del 31 de diciembre de 2020.
Los aranceles estadounidenses por trabajo forzoso son manifiestos, pero el enfoque de la Unión Europea contiene un problema menos visible. El CBAM y el EUDR exponen una brecha entre los países y empresas que son capaces de medir eficazmente su desempeño y aquellos que no. Bajo el CBAM, mientras que a los exportadores que pueden medir y verificar sus emisiones se les evalúa en función de ese desempeño, a aquellos que no pueden hacerlo se les asignan cifras asumidas desfavorables.
Según un análisis, el valor predeterminado del CBAM para el acero primario indio es «casi el doble» de la intensidad media de emisiones nacionales del país. Esta es una gran desventaja comercial para la India, ya que la medición compleja de las emisiones integradas resulta prohibitivamente cara para los pequeños y medianos productores de acero, que representan el 40 por ciento de la producción siderúrgica india.
El EUDR califica a los países según el riesgo. China e India se encuentran entre los 140 países calificados como de «bajo riesgo», mientras que Malasia e Indonesia se sitúan entre los 50 países de «riesgo estándar». Las empresas que se abastecen en países de riesgo «estándar» o «alto» se enfrentan a mayores obligaciones de evaluación de riesgos y tasas de inspección. Eso eleva los costes de cumplimiento para los exportadores. Estas calificaciones reflejan las decisiones metodológicas tomadas por la Unión Europea, en lugar de ser el resultado de negociaciones con los exportadores.
Los cargos bajo el CBAM y los costes de cumplimiento bajo el EUDR dependen en gran medida de lo que un exportador pueda medir y de lo que las partes externas puedan verificar. Esta carga de documentación y verificación es particularmente pesada para las pequeñas y medianas empresas.
La capacidad de medición actual en toda Asia varía ampliamente. India, Indonesia y Vietnam están desarrollando mercados nacionales de carbono. Pero los desafíos persisten. En Vietnam, por ejemplo, los sistemas de datos van por detrás de las necesidades del mercado de carbono. El país también forma a muchos menos especialistas en carbono de los que necesita. El carbono es el caso más claro, pero el requisito del EUDR de obtener datos de geolocalización a nivel de parcela también plantea desafíos de medición.
Cerrar la brecha en la capacidad de medición significa tratarla como una infraestructura comercial. Los organismos nacionales de acreditación deben cumplir con las normas internacionales y buscar acuerdos con los organismos de acreditación europeos para que los hallazgos de los verificadores locales sean aceptados en el extranjero. Los gobiernos deberían financiar servicios de verificación compartidos para los productores más pequeños, que son los más propensos a que se les asignen valores predeterminados. Los países de la ASEAN, por ejemplo, podrían aunar su capacidad de verificación y buscar un reconocimiento colectivo. Los países ya están trabajando juntos para mejorar la capacidad institucional, la asistencia técnica y el seguimiento, como ocurre en los Balcanes Occidentales.
Los gobiernos importadores comparten la responsabilidad de cerrar esta brecha respondiendo a las objeciones razonables y aceptando pruebas equivalentes. El hecho de que la India haya obtenido el reconocimiento de su sistema de créditos de carbono bajo el marco del CBAM del Reino Unido es un ejemplo de ello. Las políticas de sostenibilidad deberían incluir mecanismos de resolución de disputas para impugnar formalmente los valores predeterminados y las calificaciones de riesgo, incluidas sus metodologías, dentro de plazos establecidos. La Unión Europea ha puesto a disposición de los países en desarrollo asistencia técnica y creación de capacidad en el marco del CBAM; un enfoque que podría extenderse a otros regímenes de política comercial sostenible.
El uso de políticas de sostenibilidad como barreras comerciales ha sido ampliamente cuestionado, y actores indios y malasios han criticado el CBAM y el EUDR, respectivamente, por considerarlos injustos. Algunos podrían desestimar estas objeciones como una resistencia a los objetivos medioambientales. Una estrategia más sólida aceptaría los objetivos, cuestionaría las cifras cuando fuera necesario y crearía la capacidad de medición necesaria para hacerlo de manera convincente.
Mientras persista la brecha en la capacidad de medición, los exportadores sin la aptitud para documentar su desempeño seguirán expuestos a barreras comerciales de facto. Tanto las naciones importadoras como las exportadoras comparten la responsabilidad de cerrar esta brecha y hacer que las políticas de sostenibilidad sean más justas y eficaces.
Cory Searcy es profesor y vicepresidente adjunto de Asuntos Internacionales en la Toronto Metropolitan University.
Original: eastasiaforum.org
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